Propositivo documento final del 4° Congreso Audiovisual Nacional

El pasado fin de semana (19 y 20 de septiembre) tuvo lugar en el Hotel Presidente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 4° Congreso Audiovisual Nacional organizado por la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual.

En la página web de la multisectorial se encuentran disponibles dos videos con un resumen de las actividades que desarrollaron (Video 1 y 2).

A continuación reproducimos las conclusiones finales del cuarto congreso:

“Para la Multisectorial Audiovisual la producción de contenidos audiovisuales es una parte fundamental de la Comunicación, de la Industria Cultural y la Industria del Conocimiento, pero mucho más importante aún es su aporte a la expresión y construcción de la identidad, pluralidad cultural, libre creación y acceso al patrimonio cultural con el que se edifica social, educativa y culturalmente una Nación. Producir contenidos argentinos es una tarea indispensable del sector cultural y para que esto ocurra el Estado Argentino tiene una responsabilidad ineludible en su regulación, fomento e incentivo, desde sus Cámaras Legislativas y especialmente desde el Poder Ejecutivo, tal como lo expresa el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional.

Desde el año 2015 la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional viene impulsando la ampliación de ideas, la generación de alternativas y el debate sobre la producción, distribución, emisión, exhibición y comercialización de los contenidos audiovisuales en la Argentina. Estamos convencidos del Derecho Humano a la Comunicación, tal como lo expresa la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y así lo estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la que el estado nacional Argentino adhiere con jerarquía Constitucional. Pero entendemos que para que el pleno ejercicio de ese derecho humano a la comunicación por parte de nuestro pueblo no sea simplemente un enunciado, pura letra muerta, debe apoyarse en la existencia de una fuerte y extendida industria audiovisual argentina. Para que esto sea una realidad, nosotros afirmamos que la Producción de Contenidos Audiovisuales debe ser concebida con rango industrial, tal y como lo declara el Decreto-Ley N° 1528/2012 – aún sin aplicación práctica -, no solo por los beneficios que tal rango pudiera aportar, sino también por la necesidad de cambiar una matriz productiva que permita e impulse la sustitución de contenidos audiovisuales extranjeros por obras nacionales y federales. Algo que, considerado seriamente, significa un aporte al crecimiento económico que representaría para el PBI (Producto Bruto Interno), incrementando además el consumo e intercambio comercial por publicidad y, sin lugar a dudas, generando mayor cantidad y calidad de fuentes de trabajo.

Muchas veces desde los estados nacionales, provinciales y comunales suelen impulsarse y desarrollarse políticas de asistencia, preservación, restauración, de tinte netamente subsidiario, con la honorable intención de facilitar el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales. Pero esto es mirar solamente una parte del problema. En efecto, es necesario que los distintos extractos sociales y políticos comprendan y asimilen las potencialidades de la industrialización de la producción audiovisual, cultural y del conocimiento en pos de dar espacio a las producciones emergentes en las distintas regiones. Y deben instrumentarse medidas legislativas y resolutivas, para que éstas se incorporen al mercado comercial y laboral, con total y pleno derecho y con las consecuentes responsabilidades sociales, culturales y económicas. Compartimos el derecho de las audiencias, la diversidad cultural y contenidos regionales, especialmente expresadas en los medios comunitarios y medios de pueblos originarios. A todos ellos sin dudas hay que fomentar e incentivar, con subsidios directos tal como lo estipula la Ley 26.522 Art153 Ins a, b, c, d, e y f, vigente a estos días, a fin de promover la libre expresión de la diversidad cultural de nuestro país.

La Multisectorial Audiovisual Nacional entiende que en términos económicos la Producción Audiovisual (cine, tv y plataformas digitales) tiene un impacto sobre el PBI, muy superior a la histórica industria del calzado, de reconocida calidad y prestigio internacional, o la industria de maquinarias agrícolas. El aporte de la producción, emisión, distribución y comercialización de los contenidos audiovisuales al PBI es tal, que hasta triplica el impacto de toda la industria pesquera Argentina (0,7% del PBI según Subsecretaria de Pesca y Agricultura 03/2019). Tan significativa es la actividad audiovisual que, en tiempos de crisis económicas, no se puede vivir en una acefalía permanente en términos de regulación y claridad productiva, tal como viene actuando el Estado Nacional Argentino desde su DNU 267/15, decreto que desmembró dos leyes troncales para el desarrollo de las industrias del Conocimiento, Culturales y de las Comunicaciones (Leyes 26.522 y 27.078) con el compromiso de elaborar una propuesta para los nuevos tiempos de “Comunicaciones Convergentes”, algo que nunca sucedió. Estos actos, sumados al freno de la inversión del Estado Nacional en la producción propia de contenidos y coproducciones a través de convocatorias abiertas a concursos públicos desde el Sistema Federal de Medios Públicos y la Secretaría de Cultura – ambos devaluados luego del decreto 802/18 que modifica el organigrama de la Administración Pública, donde perdieron una parte importante de sus presupuestos y capacidad orgánica para dar respuesta a la fuerte caída económica y también de las producciones locales y nacionales – han generado una grave pérdida de fuentes de trabajo, cierre de productoras PyMES y pérdidas irrecuperables en comercialización directa, anexa y conexa, una ecuación que redunda en menos fuentes de trabajo y también en el impedimento del encuentro de nuestra ciudadanía con el patrimonio cultural argentino.

Durante estas dos jornadas de exposiciones y debates en el 4° Congreso Audiovisual Nacional ha quedado evidenciada la gravedad extrema en que se encuentra la producción audiovisual, el trabajo y el financiamiento. Esto impacta fuertemente sobre la continuidad laboral y la caída del poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores de la cultura, técnicas/os, actrices, actores, directores, directoras, músicas/os, autoras y autores. La fuerte crisis del sector audiovisual, especialmente en momentos en que la Argentina transita una gran incertidumbre técnica, regulatoria, económica y financiera, no solo amenaza la continuidad de las fuentes de trabajo que aún subsisten, sino que asimismo traerá aparejada la pérdida de un patrimonio cultural y comunicacional irreparable en el tiempo para toda la ciudadanía.

Hace ya cuatro años que venimos exponiendo el peligro de la expansión de las empresas multinacionales con obras y productos foráneos, así como el accionar de estados extranjeros impulsando sus producciones en nuestro territorio, situación que sin duda disminuye las posibilidades de las producciones nacionales en las propias pantallas de cine, televisión y plataformas que emiten en Argentina. Así, nuestro público ve afectado totalmente su derecho constitucional de acceder al entretenimiento y a la cultura que lo identifica, dado que prácticamente no puede ver ni elegir esas opciones, porque los profesionales del audiovisual argentino que las realizamos quedamos excluidos de la producción y del mercado de la comunicación y las plataformas. La pérdida de inversión privada y pública así lo evidencia. La falta de regulación de los nuevos soportes y escenarios comunicacionales desarrollados por las telecomunicaciones y la prolongada espera del debate en el Congreso de la Nación sobre éstos, desfavorece a todo el sector de producción, emisión y comercialización, impactando negativamente en nuestros autores, directores, técnicos, actores, músicos e intérpretes, todos trabajadores y trabajadoras necesarias para una cultura activa en la Argentina, dejándonos cada día con mucha menos presencia y protagonismo en nuestros propios medios audiovisuales y de telecomunicaciones.

En función de esto, como propuesta para una pronta salida de esta crisis, con la esperanza que se alimenta en un cercano cambio de autoridades nacionales y provinciales, apoyados en la naturaleza propositiva de nuestros colectivos culturales y trabajadores, la Multisectorial Audiovisual elaboró el siguiente documento:

100 Días para la reactivación productiva en la Industria Audiovisual Argentina:

1. Defensa y reactivación de la Televisión pública abierta, libre y gratuita con total acceso a la población en todo el territorio Argentino, haciendo accesible a un público masivo los contenidos audiovisuales de producciones nacionales.

2. Efectivización de cuotas de pantallas para la producción local, regional y nacional en todas las televisoras del país, señales y canales, acorde las características poblacionales y sus licencias obtenidas según cada región.

3. Obligatoriedad para las empresas que realicen servicios de televisión y/o transmisión audiovisual de cualquier tipo (Aire, Cable, Satélite, Streaming u otras), en territorio Argentino a un 20% de producción nacional, local y regional, de producción propia, coproducción o producción independiente, en carácter de estreno, en sintonía con lo resuelto por los países de la Comunidad Europea y acorde a la licencia que explota en nuestro territorio nacional y su correspondiente tipo de contenido, especialmente ficción nacional, regional y local.

4. Plena vigencia de la Ley de Fomento y Regulación de la Actividad Cinematográfica mediante el fiel cumplimiento de todas sus normas por parte del Instituto Nacional de Cine y Artes audiovisuales como órgano autónomo de aplicación. Designación y pleno funcionamiento del Consejo Asesor, órgano de co-gobierno y contralor del INCAA, indispensable para su funcionamiento. Para evitar así que un 80%, de los “estrenos” se reduzca a una sola semana, en una única sala y horario, mientras que la ley 17.741 establece cuota de pantalla, media de continuidad y semana completa con todas las funciones. Asimismo, la ley 26.522 de Servicios Audiovisuales, también establece cuota de pantalla en su Artículo 67, aún vigente, para las señales de televisión abierta, que deben estrenar ocho largometrajes nacionales por año, de los que tres pueden ser telefilmes. Los derechos de antena deben ser adquiridos antes del rodaje, estipulando diferentes proporciones para las señales que cubran menos del 20% del país o las que no sean consideradas nacionales, hacer cumplir estas regulaciones con plena vigencia revitalizará las audiencias y el trabajo de todo el sector cinematográfico.

5. Derogación del Artículo 4, incisos “e” e “i”, de la ley 27.432, promulgada el 27/12/2017 para que el INCAA conserve su autarquía y su propio presupuesto anual no sea arbitrariamente asignado por otros organismos del estado.

6. Estamos convencidos de la necesidad de un organismo de Fomento y Promoción para la Televisión, los contenidos audiovisuales, nuevos formatos y la actividad televisiva federal, con gran incidencia en la ficción para todos los soportes y/o plataformas. Estas inquietudes recogidas, reflejadas y sistematizadas se encuentran en el Proyecto de Ley de Televisión y Nuevas plataformas, que bajo el número 3362/17 espera tratamiento en el Senado Nacional.

7. Ampliación del Fondo de Fomento Cinematográfico y asistencia a las obras sociales de los trabajadores de la actividad a través de la sanción y reglamentación de una ley que grave los servicios y negocios anexos y conexos, dependientes de la exhibición cinematográfica en salas.

8. Cumplimiento de cupos de género a acordar por sector audiovisual y ampliación de políticas sobre las variadas problemáticas de género en el ámbito del trabajo y la producción de contenidos audiovisuales.

9. Reconocimiento del Derecho de Autor e intérprete en todas las plataformas creadas o por crearse, contemplados en la ley marco regulatorio de los servicios de comunicación audiovisual y cualquier otra norma a desarrollarse, incluidos los proveedores de conectividad (ISP).

10. Preservación e impulso al trabajo registrado en el sector audiovisual, con plena cobertura social y responsabilidad empresarial sobre los derechos laborales establecidos en la constitución nacional, preservando la salud de las y los trabajadoras/es y su cobertura médica, que ante el ajuste salarial se encuentra en crisis de sustentabilidad.

11. Incorporar a los medios Universitarios (TV, Radio y Plataformas), al plan de producción de los medios públicos con iguales condiciones de producción, financiamiento, derechos autorales y de intérpretes y calidad, capacidad y registro laboral con pleno derecho de las y los trabajadores audiovisuales, respetando las incumbencias profesionales y a las organizaciones del sector con personería gremial.

12. Creación de una política de estado para nuestra cultural federal, sustentable y sostenida en el tiempo, con accesibilidad para todo el territorio argentino equilibrando las asimetrías culturales, económicas y poblacionales que caracterizan a nuestro extenso territorio nacional.

13. Reincorporar al sistema de televisión por suscripción (cable-operadores y señales), en el marco de regulación de los servicios de comunicación audiovisual, respetando los aportes a todos los organismos de fomento y contralor afectados en el artículo 97 de la ley 26.522, dando cumplimiento al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que reconoce la separación de los medios de comunicación de los medios de telecomunicaciones a la hora de la regulación y protección del trabajo y la identidad cultural. En efecto, la aprobación del artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional obliga al Congreso Nacional a promover y defender el espacio audiovisual nacional en los siguientes términos; “Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales”.

14. Obligatoriedad para las TELCO y OTT de aportes similares a los que efectúan los medios audiovisuales (artículo 96 y 97 de Ley 26.522 vigentes), en razón de que los contenidos son los mismos o de igual conformación aunque se emitan utilizando otras plataformas tecnológicas, protegiendo la accesibilidad del público y la industria cultural nacional. Que las mismas paguen los impuestos nacionales y provinciales vigentes y que la facturación y pago de los abonados sean pesificados, medida que detendrá una importante fuga de devisas de nuestro sistema económico e incrementará los fondos para las producciones audiovisuales (Cine, TV, Radio, Música, Medios Comunitarios y de Pueblos Originarios).

Reconfortados por habernos encontrado en este 4° Congreso Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional, agradecidos por la participación de representantes de todo el sector audiovisual y la asistencia de un público participativo y democrático, a pesar de las dificultades productivas y económicas que todo el sector atraviesa, confiados en que el año próximo volveremos a vernos con la intención de actualizar nuestra mirada y esperanzados en la voluntad que nos une por nuestra Industria Cultural y en especial la Producción Audiovisual, los saludamos fraternalmente hasta el próximo encuentro”.

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